¿Qué implican las nuevas directrices sobre protección al consumidor? 

Las Directrices han servido desde su aprobación en 1985 como una de las principales fuentes para el desarrollo de las políticas y legislaciones de protección del consumidor en el mundo, sobre todo en los países en desarrollo. Desde aquel año, salvo para introducir temas de consumo sustentable en 1999, no habían sido actualizadas y muchos temas actuales habían quedado fuera de su texto, como el comercio electrónico, los servicios financieros, la protección de los datos personales de los consumidores.

El nuevo texto aprobado el 22 de diciembre de 2015 incluye estos y otros temas, y se espera que sirva como un nuevo impulso para la protección del consumidor, para que los países actualicen sus leyes y políticas y para que se vaya construyendo un conjunto de medidas que permitan la coordinación global del desarrollo de estas políticas.

¿Qué modificaciones destacaría como avances importantes en la materia?

Una actualización fundamental, tal vez una de las más importantes, es haber incluido entre las necesidades legítimas de los consumidores a ser satisfechas por los gobiernos al acceso a bienes y servicios esenciales, porque ello significa que debe tenderse a asegurar las necesidades urgentes y mínimas de todos nosotros. Esta inclusión se complementa con otra que establece que debe prestarse particular atención a aquellos consumidores que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de desventaja, lo que significa a mi modo de ver un claro llamado a luchar contra la pobreza y la exclusión.

También se puso énfasis en la necesidad de que el sector privado, los empresarios, implementen medidas para proteger y no engañar al consumidor a través de prácticas proactivas, algo que no existía en el texto anterior.

Sobre comercio electrónico se estableció que el nivel de protección de los consumidores que hacen sus compras online debe ser idéntico al de los que lo hacen de manera presencial, y en cuanto a los servicios financieros se estableció que la transparencia y la buena fe son valores indispensables.

Otro avance importante fue la creación de un Grupo Intergubernamental de Expertos (GIE) dentro de UNCTAD – la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo – que trabajará para monitorear la implementación de las Directrices en los países, brindar apoyo técnico a los gobiernos para desarrollar políticas y legislación de protección del consumidor que sean modernas y actualizadas, y hacer propuestas para mejorar las propias Directrices de manera dinámica.

¿Cómo deben proceder los Estados frente a las nuevas directrices?

Las Directrices están dirigidas principalmente a los estados y aunque no son obligatorias, son sí un mandato ético que deberían seguir. Dado que fueron aprobadas por unanimidad, se entiende entonces que los países están dispuestos a hacer las modificaciones necesarias para que sus políticas y legislación contengan las actualizaciones. Este no será un proceso inmediato, pero se espera que la existencia del GIE ayude a una incorporación más rápida de los nuevos temas.

También es importante que desde la sociedad civil se ejerza presión sobre los gobiernos nacionales para que se produzcan estos cambios cuanto antes.